O dicho en otras palabras, la extradición es la petición que un Estado realiza a otro solicitando la entrega de una persona que cometió o se cree que ha cometido un hecho delictivo, con el fin de que cumpla su condena o sea juzgada.
En esta última tienen especial relevancia la aplicación del Principio de Legalidad, el Principio de Reciprocidad hacia el Estado requirente, el de doble incriminación ya que el hecho objeto del delito debe ser así considerado en ambos estados, el de no entrega de los nacionales, ni de los extranjeros que deban ser juzgados en España y el de no extradición por delitos de escasa gravedad. Esta ley define también los motivos de denegación obligatoria de extradición.
Asesoramos sobre las posibles repercusiones políticas de un caso de extradición y ayudamos en solicitudes de asilo si la seguridad del individuo está en riesgo.
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Este órgano judicial, reconocido por su imparcialidad y diligencia en la resolución de casos, desempeña un papel clave en el sistema judicial español en cuanto a la extradición. Su compromiso con la legalidad y los derechos fundamentales de los acusados garantiza un proceso justo y equitativo.
Principio «non bis in idem», por el que no se concede la extradición por delitos ya juzgados o que se estén juzgando en España.
Si se resuelve negativamente, el Tribunal ordena la puesta en libertad de la persona reclamada y lo comunica al Ministerio de Justicia, y éste al de Exteriores para que lo comunique al Estado requirente.
Para que pueda darse, es necesario que se cumplan una serie de requisitos. El primero de ellos es que debe haber reciprocidad entre ambos Estados implicados, es decir, que exista un acuerdo que permita la extradición de un país a otro, y viceversa.
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